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Los peligros del voto preferente.

Daniel Calvo — Mon, 21 Nov 2011 19:58:32 +0000

Por: Daniel Calvo Sánchez y Federico Ruiz Wilson. / Politólogos.

En los últimos días, a partir de una serie de cuestionamientos realizados a diversas figuras y fuerzas políticas de nuestro país, diversos analistas, columnistas y medios de comunicación, han manifestado la necesidad de incluir el llamado voto preferente en nuestra legislación electoral.

El voto preferente consiste en permitir que el elector cambie el orden de los candidatos a diputados en las listas que presentan los partidos, provocando que sea la suma de dichas preferencias la que determine el orden final para la adjudicación de escaños. Sus defensores señalan que es más democrático y que garantiza mejores diputados. Ambos argumentos son muy discutibles y no toman en cuenta los enormes peligros que los efectos de esta forma de votar tienen para el sistema político. En términos más coloquiales: el remedio resulta peor que la enfermedad.

En primer lugar, provoca una desarticulación de los partidos políticos, pues a la lucha entre agrupaciones, debe agregarse una batalla a lo interno de cada una de ellas por alcanzar el primer lugar de la lista. Esto sin duda genera desgastes, fricciones entre compañeros y una gran independencia del candidato frente a su agrupación. Estaríamos frente a un verdadero “canibalismo político”, en palabras del Presidente del TSE, don Luis Antonio Sobrado. Al final el diputado considera que ganó a pesar de su partido y por lo tanto no le debe lealtad alguna, lo que conlleva una considerable pérdida de cohesión partidaria.

Esto sin duda tiene un grave impacto sobre el trabajo legislativo diario y especialmente sobre la gobernabilidad. Los gobiernos de turno ya no negociarán con bancadas, sino con un sinnúmero de personalidades independientes, quienes no tendrán temor de separarse de la disciplina partidaria (especialmente necesaria en la fracción de gobierno). El funcionamiento esclerótico de la Asamblea Legislativa se multiplicaría, haciendo prácticamente imposible llegar a acuerdos y tomar decisiones políticas.

El otro gran problema es el encarecimiento de las campañas y el control de las fuentes de financiamiento de cada candidato. Al establecer el voto preferente, ya no son los partidos los que piden el voto, sino es cada candidato a diputado quien solicita el apoyo para alterar la lista, situación que implica necesariamente que cada aspirante debe generar su propia organización, su propia campaña mediática, en fin, su propia maquinaria electoral.

Cada candidato deberá buscar sus propias fuentes de financiamiento para poder competir contra compañeros de partido y aspirantes de otras agrupaciones. ¿De dónde vendrá dicho financiamiento? Una posibilidad es que el Estado garantice a toda persona inscrita en una papeleta recursos económicos, pero la logística de eso sería demencial, el dinero muy poco, y el costarricense estaría opuesto a aumentar la contribución estatal a las campañas.

Lo anterior implica entonces que el candidato debe buscar recursos privados, con el riesgo de poder ser “comprado” por lo que los estadounidenses llaman los “intereses especiales”, o bien tener financiamiento propio para poder realizar grandes gastos, hecho que nos obligaría a que solo los ricos puedan participar.

Nótese además, que en las pasadas elecciones, solo en la provincia de San José se inscribieron 11 partidos, con papeletas con 20 candidatos cada una. Estamos hablando que únicamente en esta circunscripción electoral, se presentaron 220 candidatos. ¿Cómo se controlan las finanzas de 220 aspirantes a diputados, todos con sus campañas buscando el primer lugar de la lista? ¿Tiene la capacidad el TSE de poder controlar los ingresos monetarios de centenares de candidatos?

La desarticulación de los partidos, el aumento de la ingobernabilidad, los altísimos costos de las campañas y la dificultad para el control del financiamiento, deberían ser razones más que suficientes para enterrar definitivamente el voto preferente. El riesgo de un aumento en la corrupción con la compra de conciencias, o convertir a Costa Rica en una verdadera plutocracia es enorme y debe evitarse.

Publicado en Diario Extra el 20/12/2011. Ver aquí.

Reformas electorales a examen.

Daniel Calvo — Tue, 08 Nov 2011 00:03:26 +0000

A más de dos años de la promulgación del nuevo código electoral y tras la experiencia de dos procesos electorales bajo esta legislación (elecciones nacionales y municipales de 2010). La Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos ha incrementado su actividad en las últimas semanas, con el mandato de mejorar el actual código electoral.

En las actas de sus 10 sesiones realizadas hasta el pasado 01/11/11, han quedado plasmadas diversas inquietudes en materia electoral esbozadas por diferentes actores y un malestar general de que el actual código fue elaborado por técnicos y no por políticos, situación que tensa en ocasiones la relación entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones.

El criterio emitido por parte de los asesores que participaron en la elaboración del Código Electoral en la administración anterior en la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, según consta en el acta de la sesión nº 3 del 31/05/2011, reveló la existencia de cierta urgencia mediática y política por dictaminar favorablemente esta normativa, situación que provocó: a) Errores a nivel de técnica legislativa, al incorporar una serie de reglamentos, generando un código excesivamente reglamentista y rígido; b) Un listado de temas pendientes sobre los cuales no existió ambiente para discutir, pero que se estima conveniente retomar en esta oportunidad.

Entre los principales temas pendientes e inquietudes importantes de retomar en esta ocasión, producto de lo citado en el párrafo anterior y de los hallazgos obtenidos hasta la fecha por la comisión especial que investiga el financiamiento del partido movimiento libertario, se encuentran:

Desarrollo de planes pilotos para el voto en extranjero, digitalización del padrón y urna electoral.

Instauración de la carrera parlamentaria, la cual enfrenta obstáculos de índole constitucional (artículo 107 de la Constitución Política).

Establecimiento de plazos al Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que este no pueda resolver cuando le venga en gana, por razones de conveniencia política o procesal, así como la creación de la doble instancia en materia electoral.

La adopción de un modelo de franjas publicitarias en medios de comunicación administrado por el propio Tribunal Supremo de Elecciones similar a la de otros países, que garantice al menos divulgación mínima de las propuestas de las fuerzas políticas más pequeñas.

Ejecución parcial de la deuda política y el engorroso proceso de liquidaciones (definición de requisitos, garantías, utilización de los porcentajes no liquidados para educación política u otros fines, entre otros).

Regulación en materia de coaliciones electorales tanto para las elecciones municipales como nacionales (procesos de inscripción, registro, requisitos y finalización).

Estudio de nuevos modelos de asignación de escaños o fórmula electoral (Haré puro, Haré puro modificado, D’ Hond) o bien la eliminación del subcociente o barrera electoral propuesto por algunos.

Reformas a la Ley de Regulación del Referéndum, donde posterior al referendo del Tratado de Libre Comercio de 2007, quedaron manifiestas importante deficiencias en materia de financiamiento, proselitismo, fiscalización, entre otros.

La doble postulación obligatoria u opcional, para que los candidatos a la Presidencia de la República puedan presentar su nombre tambien como diputados.

Eliminacion de la antinatural división, que prohíbe a miembros del Poder Ejecutivo participar en actividades partidarias como sucede en otras latitudes.

Inclusión del voto preferente que consiste en permitir al elector que vote por candidatos individuales en listas cerradas pero no bloqueadas que presenten los partidos políticos.

Retomar la siempre controversial discusión en materia de financiamiento privado, para que personas jurídicas puedan aportar siempre y cuando se establezcan mayores controles, como exigir una certificación notarial con vista en el registro de accionistas, lo cual no necesariamente implica un sacrificio de la transparencia como lo ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

Conveniencia o no de continuar con el sistema de los certificados de cesión del derecho eventual a la contribución estatal como mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, el cual el propio Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, ha calificado de perversos y fungir como portillos para la injerencia foránea.

Mecanismos utilizados por entes bancarios para otorgar los créditos al financiamiento de los partidos políticos, el papel u objetividad de las encuestas como instrumento de medición de riesgos, lo que ocasiona el malestar de algunas fuerzas políticas las cuales reclaman estar sujetas a la “democracia de las encuestas”.

Mejora de controles o reglas claras, por parte de los partidos políticos para corroborar la solvencia de los contribuyentes en sus campañas y para dirimir cuestionamientos éticos sobre la contratación de empresas familiares con financiamiento privado en este tipo de procesos.

Fortalecimiento del régimen sancionatorio, faltas y delitos electorales, con el fin de evitar que se infiltren recursos de la intimación de capitales, narcotráfico y el lavado de dinero en el financiamiento de los partidos políticos.

Creación de una jurisdicción especializada en lo electoral en los Tribunales de Justicia, lo que permitiría sin necesidad de incurrir en una reforma constitucional crear jueces especializados en este tipo de delitos, los cuales requieren de una capacitación especial y sensibilidad particular.

Recurrente malestar sobre el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, siempre bajo el escrutinio público y con un importante porcentaje de ciudadanos deseosos de reducirlo.

Es momento de someter nuestro actual código electoral bajo examen, de manera reposada y profunda. El debate de algunas de esta larga lista propuestas, contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia, cuando esta registra el apoyo más bajo a la democracia en 16 años, según ha señalado el último estudio de opinión pública Latibarómetro.

Donaciones de sociedades en campañas electorales.

Daniel Calvo — Thu, 23 Jul 2009 01:51:00 +0000

El financiamiento privado de los partidos políticos tiende, por lo general, a observarse como un tipo de financiamiento mucho más deseable que el de carácter público proveniente de la deuda política, por una serie de razones, a saber: mayor equidad en la competición electoral, menor burocracia y, sobre todo, menores mecanismos de control.

Nuestro actual Código Electoral regula únicamente por medio del artículo 176 bis todo lo concerniente al financiamiento privado, de modo superficial sin tener en cuenta todas sus ramificaciones y bemoles. Debido a lo anterior y pese a que el Código Electoral vigente prohíbe que personas físicas y jurídicas extranjeras participen en el financiamiento de las campañas electorales, al permitir que personas jurídicas nacionales puedan contribuir a las campañas políticas, se deja abierto el portillo legal para que personas físicas extranjeras interesadas en financiar determinados actores políticos para la obtención de algún fin, constituyan sociedades nacionales, a través de las cuales puedan financiar libremente las campañas partidarias.

Lo anterior es de conocimiento público y ha sido denunciado frente al propio Tribunal Supremo de Elecciones durante el anterior proceso de referéndum en el país, lamentablemente dicha institución atada de pies y manos por el actual Código Electoral, por tratarse de materia sancionatoria o prohibitiva, ha realizado forzosamente una interpretación restrictiva (Voto 2359-E-2007 del TSE). De modo que empresas y grupos económicos extranjeros constituidos bajo la legislación nacional, han podido contribuir ampliamente a las campañas políticas, incluso apoyando a más de uno de los partidos políticos sujetos a la contienda, tal como sucedió en las elecciones de 2002 con el Grupo Pellas.

Sin embargo conviene reflexionar introspectivamente sobre el tema, a priori se podría juzgar como anómalo el subterfugio descrito en el párrafo anterior, el cual sin lugar a dudas representa una importante afrenta en contra de la democracia y los fines de la representación. No obstante, el simple hecho de permitir a personas jurídicas contribuir al financiamiento de campañas electorales, no es lo insano ni pudiera ser el centro del debate que hoy enfrenta al Partido Liberación Nacional en compañía de algunos diputados minoritarios contra las bancadas del Partido Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y el propio criterio del Tribunal Supremo de Elecciones.

Considerar que el tema sustancial versa sobre el poder y no sobre el cómo, podría estar conduciendo a un debate que no llegará a ningún puerto, pues como han señalado algunos diputados liberacionistas, recibir este tipo de donaciones no es algo negativo si se realizan de forma transparente, mediante adecuados mecanismos de control, como podrían ser: exigir una certificación notarial con vista en el registro de accionistas, en la cual se indique quienes son los socios participantes en dicha empresa, como requisito para recibir contribuciones por medio de personas jurídicas. Incluso, si dentro del capital accionario de la empresa postulante figura otra persona jurídica, presentar obligatoriamente una certificación del capital accionario de esa otra empresa, hasta dar con los socios que la integran, de la misma forma que sus Juntas Directivas.

La solución planteada, acompañada de otras reformas, como establecer un tope en este tipo de contribuciones ― dado que el objeto legal de las empresas privadas no es realizar actividades sin fines de lucro, sino justamente actividades de índole lucrativa ― no necesariamente implicaría un sacrificio de la transparencia como lo ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones días atrás y por el contrario, podría significar una alternativa a considerar para finiquitar la urgida discusión del proyecto de reforma al Código Electoral (expediente 14.268).

Los Partidos Políticos y la Reforma Electoral.

Daniel Calvo — Wed, 23 Apr 2008 17:12:42 +0000

Ríos de tinta se han escrito a lo largo de la historia sobre la definición de los “partidos políticos”, sobre su historia, su evolución, sus funciones y su rol fundamental en el desarrollo del sistema democrático contemporáneo.

Sin embargo dar una definición de partidos políticos no es simple y posiblemente nunca lo será, decía Norberto Bobbio aquel jurista, filósofo y politólogo italiano “Todos los partidos políticos presentan características notablemente diferentes, en sus actividades concretas, en su desarrollo en distintos lugares y tiempos, como en términos de estructuración organizativa que ellos mismos han asumido”.

Todas estas distinciones entre partidos políticos, no obstante coinciden en un único y universalmente compartido objetivo, conseguir el mayor apoyo posible en las urnas el día de la elección, objetivo que si bien resulta fundamental para el éxito de los mismos, no debe ser el único ateniente a un partido político.

Los partidos políticos deben ser “escuelas de gobierno” donde las personas con aspiración a desempeñar cargos públicos, no sólo encuentren apoyo en sus campañas, o en la presentación de su candidatura, sino también conocimientos y entrenamiento que le aseguren un desempeño eficiente y conforme a la legalidad democrática en el cargo que finalmente obtengan, pues son ellos quienes tienen la responsabilidad del reclutamiento y el entrenamiento de nuestros futuros gobernantes. Además, la calidad de nuestros gobernantes, en los distintos niveles del Estado, depende en gran medida de la calidad de los partidos políticos.

No obstante, los partidos políticos en Costa Rica, pocas veces pueden catalogarse como tales, son más parecidos a una maquinaria electoral descrita por Daniel Oduber, que a un propio partido político, pues constantemente despilfarran todo su presupuesto en campaña y a la hora de capacitación, no gozan de los recursos económicos suficientes para llevarlas a cabo.

Así que no es de extrañar que según en Latinobarómetro 2007, los partidos políticos sean la institución que genera menos confianza entre la población de la región, ni es de extrañar que Costa Rica se ubique en la posición 12 de un total de 18 países, en cuanto a la confianza hacia los partidos políticos, 5 puntos porcentuales por debajo de la media latinoamericana.

Mientras tanto aquí en Costa Rica los partidos políticos discuten sobre la financiación de los mismos, el aporte estatal y hasta las contribuciones privadas, para los gastos político-electorales de cara al 2010, cuando la discusión no debería centrarse tanto el monto, sino en la distribución del presupuesto, a lo interno de sus estructuras.

Igualdad sí, igualitarismo no.

Daniel Calvo — Mon, 18 Feb 2008 14:16:00 +0000

En días recientes miles de costarricenses hemos recibido con beneplácito, la voluntad política de nuestro mandatario, de convocar de una vez por todas, el proyecto de reforma al código electoral.

Imperiosos temas se encuentran sobre la palestra, desde el controvertido financiamiento de los partidos políticos, publicidad en medios de comunicación, voto en el extranjero, voto preferente, doble postulación de candidatos, encuestas e inclusive la creación de un Instituto de Estudios para la Democracia, esta últimamente en riesgo por las actitudes de ciertos grupúsculos en nuestro país.

Todos los anteriores, temas de trascendental importancia en ser discutidos en provecho de nuestra democracia, la más antigua de América Latina, la cual lamentablemente arrastra un importante rezago en materia electoral.

Un importante tema a no perder de vista dentro de estas pretendidas reformas al código electoral, debe ser el tema de la equidad de género, que busca aumentar en un 10%, la cuota obligatoria de participación de representación femenina en puestos elegibles dentro de los partidos políticos, en sus estructuras y papeletas.

Tal reforma defendida por diferentes sectores, quienes aducen vendrá a poner en igualdad de condiciones 50% a 50%, la participación entre hombres y mujeres, en diversos cargos de representación dentro de los partidos políticos, es a todas luces injusta, pues parece confundir los conceptos de igualdad e igualitarismo, en el caso que se entienda como igualdad, la ausencia de discriminación por razones de raza, género o credo.

La eventual aprobación de tal reforma podría prestarse para la elección de mujeres en cargos de representación de una forma obligatoria y poco democrática, dejando de lado los meritos de los propios candidatos, así como la igualdad de oportunidades, la cual garantiza una igualdad en el punto de partida, más no en la consecución de sus fines, pues cada persona debe ser la responsable de labrar su propio destino y este no debe depender del género del individuo.

Este arbitrario intento de “establecer la igualdad” no sólo atenta contra la igualdad misma, al buscar combatir desigualdades desfavorables para el género femenino erigiendo nuevas desigualdades que sí están a su favor, sino también se opone al principio de la meritocracia tan defendido por nuestro gobierno, permitiendo el auge de la mediocridad y el conformismo, no dejando espacio para la iniciativa individual, la competencia así como la superación personal.

Contribuyendo así con la mal infundada creencia de que la política es un campo exclusivo para los hombres, cuando en realidad existen mujeres sumamente capaces de asumir las riendas y llevar por el camino del éxito a este bonito país.

Publicado en la Prensa Libre el 26/02/2008. Ver aquí