La incomprensión legislativa del principio fundamental de la economía, como lo es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus escasos recursos ante una cantidad ilimitada de necesidades, adquiere particular importancia cuando este tipo de recursos es de carácter público, y sobre todo en tiempos en los que la crisis financiera mundial sacude económicamente a Costa Rica.

Dice un adagio que “Gobernar es administrar”. Esto implica que quien procure realizar el buen gobierno, debe administrar los recursos públicos con un alto grado de responsabilidad, ética y previsión, pues con ellos el Estado deberá solventar infinitas demandas con grados de complejidad y diversificación de funciones cada vez mayores.

Proyecto durmiente. En esta línea, hace casi un año se presentó, a la corriente legislativa, un importante proyecto de ley, expediente N.º 17.068. Con este se procura incluir el principio de responsabilidad presupuestaria mediante una reforma parcial del reglamento de la Asamblea Legislativa; pero, tristemente, el proyecto descansa en el sueño de los justos, al igual que otra enorme cantidad de reformas necesarias para devolver la gobernabilidad a nuestro país.

Dicho proyecto tiene la finalidad de establecer una sana práctica legislativa tomada del derecho comparado de países como Chile, Nicaragua, Perú y Venezuela, la cual consiste en determinar previamente el cálculo de gastos requeridos para una inversión eficiente que impulse y lleve a buen término los proyectos que se propongan, sin dejar este apartado al libre albedrío del Estado, el cual en muchos casos no halla dinero suficiente para satisfacer la ejecución de un sinnúmero de iniciativas.

Lamentablemente, mientras los diputados sigan siendo evaluados por la opinión pública bajo criterios como número de proyectos de ley presentados a la corriente legislativa; totalidad de leyes aprobadas durante sus cuatro legislaturas; cantidad de apariciones en medios de comunicación, todo esto sin tener en cuenta la calidad de las mismas y la aplicación efectiva de lo dispuesto por ellas, seguiremos siendo un país sumergido sólo en la discusión de quimeras.

Publicado en la Nación el 28/05/2009.Ver aquí

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La palabra “reforma” o en su plural “reformas”, más que consecuencias lingüísticas pareciera tener repercusiones sociológicas a lo interno de nuestro engorroso trámite legislativo, a tal punto que pareciera que éste nunca dejará de tropezarse con tan infame palabra.

Podrá existir consenso en que algún tema deba ser reformado, pero pocas veces existirá consenso sobre qué específicamente debe ser lo que se reforme y nunca se llegará a consenso sobre cuál es el mejor medio para lograr tales reformas.

Vieja retórica. La evidencia empírica indica que todo aquel título que la adhiera acompañada del adjetivo “integral”, estará condenado a la postergación inmediata de cuanto busca, aunque su uso siempre se prestará para engalanar la más vieja retórica de todo partido político en campaña electoral dentro de su función como poder de la República y para seducir el oído de aquel electorado carente de memoria política, cansado de realidades, deseoso de soñar.

Administración tras administración, seguirán desfilando Comisiones Especiales de Reformas al Código Penal, Reformas Electorales, Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa entre otras, así como seguirán circulando cientos de proyectos de ley, circunscritos en la categoría de “reformas”, los cuales al final de un nuevo periodo presidencial, en su mayoría quedarán en nada, es decir , sus propuestas se archivarán esperando que algún diputado entrante tenga la venia de desempolvarlas (El ciclo del primer párrafo vuelve a comenzar).

Reformas necesarias. Resultará más sencillo reformar el orden constitucional, por medio de una resolución de la Sala Constitucional, que reformar el resto de las normas de nuestro ordenamiento, inclusive se pensará y tendrá más eco la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente antes que reformar la parte procedimental de nuestra carta magna, mediante una reforma integral del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa que contenga entre otras cosas, reducción de plazos en el uso de la palabra, de plazos para aprobación o rechazo de proyectos de ley, de plazo para rendir informes de comisión y un aumento en el tiempo para realizar labores de control político.

De no tomarse al toro por los cuernos, seremos eternamente el país del casi-casi, descrito por Gutiérrez Saxe, siempre en la antesala de ilusiones que en su mayoría nunca llegarán a concretarse.

Publicado en la Nación el 25/12/2008. Ver aquí

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