Mucho se ha hablado en nuestro país sobre la modernización del Estado, la agilización de trámites burocráticos, la incorporación de la gestión electrónica en procedimientos administrativos, la descentralización y el fortalecimiento al régimen municipal.

Sin embargo el pasar de las palabras a los hechos, siempre ha sido el más duro escollo en superar en la historia de nuestro país, y en lo referente a materia de Gobierno Digital este no parece haber sido la excepción.

En el último tiempo las criticas a tal iniciativa han sido muchas, desde el grado de seguridad informática, el nivel de calidad en cuanto a la tramitología realizada por la vía virtual, así como que el desarrollo del gobierno digital, parece únicamente concentrarse en mejorar la infraestructura tecnológica del país, contribuyendo así aumentar la brecha digital ya existente.

Resulta innegable y además sería ingrato no reconocer que se han dado importantes avances en esta materia, como la digitalización en trámites de licencias, trámites de pasaportes y los servicios prestados por diferentes entes financieros. Lamentablemente parece obviarse el impacto social que tales políticas pueden ocasionar en nuestra sociedad y a este respecto quisiera profundizar a continuación.

Hace algunos meses en nuestro país viene desarrollándose un proyecto denominado “La Red de Interconectividad Municipal”, dicha política pública llevada acabo de manera conjunta entre diversas instituciones de nuestro país, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea y la asesoría de la Secretaría de Gobierno Digital.

Dicho proyecto busca la integración de 101 instituciones públicas en una sola red privada de conectividad, entre ellas las 81 municipalidades del país. Entre los principales beneficios de tal iniciativa se encuentran sistemas de video conferencias, foros de discusión, aumento en la participación ciudadana, como desarrollo informativo y transaccional en los sitios web de nuestras municipalidades.

Tal iniciativa en el papel parece a toda luz beneficiosa, no obstante analizándola a la luz del Informe 2007 del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, saltan todo tipo carencias desde el gran analfabetismo digital experimentado en nuestro país, donde de una muestra de 194 usuarios de Internet encuestados que nunca han realizado trámites por esta vía, un 39% dice no confiar, un 28% no saber como hacerlos y un 7,7% aduce desconocimiento de la existencia de tales trámites.

Por otra parte en Costa Rica 113390 viviendas del país tienen Internet en el hogar, lo que representa un 9,8% de la totalidad de las viviendas en el país, pero la distribución de tal porcentaje es un 8,7% ubicado en la Región Central del país y tan sólo un 1,1% distribuido en las regiones de planificación restantes.

Vale la pena preguntarse el impacto social de tal política pública en la Región Brunca, donde sólo un 0,1% de las viviendas tienen Internet en el hogar.

Publicado en la Revista Democracia Digital Diario del 23 al 30 de abril del 2008.

Publicado en la República el 02/09/2008.Ver aquí

Si bien en los últimos días el famoso memorando ha sacudido, causado roncha e invitado a la reflexión a las diversas fracciones que hoy componen el cuerpo legislativo de nuestro país, en cuanto a lo referente con la discusión del TLC que hoy nos envuelve, esperamos que esta nefasta experiencia que pone en claro que Costa Rica carece de una adecuada seguridad y legislación en el ámbito de la informática, cause el mismo efecto en el ámbito de la producción y fortalecimiento de la legislación de este tipo.

Ya que hoy resulta lamentable ver como el argumento de que “El ciudadano tiene todo el derecho a conocer toda la información, aún la que lesiona la imagen y la intimidad de los funcionarios públicos, si existe un interés público prevalente” se antepone al artículo 24 de la Constitución Política, artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Toda la legislación citada con anterioridad tiene como función el proteger en términos generales los derechos individuales a fin de garantizar el respeto y la protección de la vida privada. Pero una vez más la legislación solo ha quedado en el papel mientras se buscan los responsables de tan censurable acción y nos hemos encargado de condenar a sus víctimas mientras el malhechor continua en el anonimato divagando muerto de risa por el daño que ha causado.

La lección creo que ha sido grande para todos, ha desnudado una vez más la idiosincrasia del costarricense de juzgar a las victimas mientras los malhechores divagan y continúan con sus fechorías, pero sobre todo ha desnudado la carente seguridad y legislación informática que adolece nuestro país.

Esperemos que esta situación sirva para poner las barbas en remojo, para que de una vez por todos los partidos políticos tengan como prioridad materia relacionada con la sociedad de la información en la que hoy vivimos y el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que busca regular la recolección, almacenamiento, organización y transferencia de datos de carácter personal, el cual reconoce al mismo tiempo, a los sujetos la facultad de controlar la información que existe sobre ellos, y por ende, su publicación, deje de ser más que un simple proyecto.

Y que una vez encontrados los responsables de tan deshonrada acción no nos tiemble la mano para aplicar el artículo 196 bis del Código Penal, referente a la violación de comunicaciones electrónicas. ¡Ojala y esta vez si aprendamos la lección!