En días recientes miles de costarricenses hemos recibido con beneplácito, la voluntad política de nuestro mandatario, de convocar de una vez por todas, el proyecto de reforma al código electoral.

Imperiosos temas se encuentran sobre la palestra, desde el controvertido financiamiento de los partidos políticos, publicidad en medios de comunicación, voto en el extranjero, voto preferente, doble postulación de candidatos, encuestas e inclusive la creación de un Instituto de Estudios para la Democracia, esta últimamente en riesgo por las actitudes de ciertos grupúsculos en nuestro país.

Todos los anteriores, temas de trascendental importancia en ser discutidos en provecho de nuestra democracia, la más antigua de América Latina, la cual lamentablemente arrastra un importante rezago en materia electoral.

Un importante tema a no perder de vista dentro de estas pretendidas reformas al código electoral, debe ser el tema de la equidad de género, que busca aumentar en un 10%, la cuota obligatoria de participación de representación femenina en puestos elegibles dentro de los partidos políticos, en sus estructuras y papeletas.

Tal reforma defendida por diferentes sectores, quienes aducen vendrá a poner en igualdad de condiciones 50% a 50%, la participación entre hombres y mujeres, en diversos cargos de representación dentro de los partidos políticos, es a todas luces injusta, pues parece confundir los conceptos de igualdad e igualitarismo, en el caso que se entienda como igualdad, la ausencia de discriminación por razones de raza, género o credo.

La eventual aprobación de tal reforma podría prestarse para la elección de mujeres en cargos de representación de una forma obligatoria y poco democrática, dejando de lado los meritos de los propios candidatos, así como la igualdad de oportunidades, la cual garantiza una igualdad en el punto de partida, más no en la consecución de sus fines, pues cada persona debe ser la responsable de labrar su propio destino y este no debe depender del género del individuo.

Este arbitrario intento de “establecer la igualdad” no sólo atenta contra la igualdad misma, al buscar combatir desigualdades desfavorables para el género femenino erigiendo nuevas desigualdades que sí están a su favor, sino también se opone al principio de la meritocracia tan defendido por nuestro gobierno, permitiendo el auge de la mediocridad y el conformismo, no dejando espacio para la iniciativa individual, la competencia así como la superación personal.

Contribuyendo así con la mal infundada creencia de que la política es un campo exclusivo para los hombres, cuando en realidad existen mujeres sumamente capaces de asumir las riendas y llevar por el camino del éxito a este bonito país.

Publicado en la Prensa Libre el 26/02/2008. Ver aquí

El 11 de abril del 2006 fue aprobada en primer debate la ley de “Penalización de la Violencia contra las Mujeres”, dentro de la cual en lugar de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, ha logrado asegurar la superioridad del género femenino sobre el masculino.

Pues el Título II, Capítulo II de dicha ley en su (Art. 25), permite que una mujer invente que sea insultada, desvalorizada, ridiculizada, avergonzada o atemorizada por su pareja, en un ámbito privado, pueda ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años, más estar expuesto a la pena de inhabilitación. No esta demás agregar que la supuesta “agredida” puede solicitar todo tipo de medidas de protección, contempladas en la ley contra la violencia doméstica, así como las medidas cautelares necesarias previstas en el Código Procesal Penal contra el aparente “infractor”.

Sin embargo, esta ley a todas luces draconiana, parece solo empeñarse en severos castigos contra los hombres de nacionalidad costarricense o extranjeros con deberes familiares en el país. Pues el Título I, Capítulo II, Sección II en su (Art. 19), establece que de no cumplir con ninguna de las anteriores características, toda persona extranjera a la que se le impongan penas de prisión de cinco años o menos, en sentencia o durante su ejecución, podrá solicitar un reemplazo de tal pena, por la obligación de abandonar de inmediato el territorio nacional y de no reingresar en él por el doble del tiempo de la condena.

Así que adelante extranjeros, Costa Rica un país que hoy lamentablemente es visto como un destino para la practica del turismo sexual, pero los recibirá calurosamente no teman, para su tranquilidad pueden cometer delitos de penas no mayores de cinco años y simplemente no pisar suelo nacional por 10 años o menos, una vez sean sentenciados.

Y es que con leyes así, ya sabemos ¿Porqué? Somos un excelente destino para el turismo sexual. ¡Que barbaridad!