La desigualdad en la distribución de la riqueza de la cual el Informe del Estado de la Nación anualmente ha venido alertándonos sobre su crecimiento sostenido en los últimos años, debería interesarnos un poco más, pues esta desigualdad se traduce en otro tipo de brechas en diferentes ámbitos como el educativo y tecnológico.

Este tipo de brechas que por lo general suelen analizarse según zona geográfica (rural-urbana), según nivel de estudios y consecuencia de ellos, según nivel de ingreso; se traslapan para configurar un sistema educativo de contrastes con el modelo solidario de no dejar a un joven sin educación secundaria, por medio de exitosas iniciativas implementadas como el programa “Avancemos”, en el cual dichosamente en los últimos días se le ha aumentado su presupuesto.

La apuesta de nuestro país en invertir cada vez más en el rubro educacional, con el firme objetivo de contar con un importante capital humano altamente calificado y competitivo que pueda asumir las riendas de nuestro país, enrumbando al mismo a convertirse en una nación desarrollada para el año 2021, la verdad hoy parece verse seriamente cuestionado teniendo en cuenta el actual estado de nuestra educación publica, lo que plantea importantes desafíos a subsanar en el corto plazo.

En lo que va del presente año hemos recibido noticias en cuanto al gasto destinado a la educación pública, el cual no alcanza ni siquiera el 6% del PIB establecido, dato que puede ser corroborado en el informe anual de la propia Contraloría General de la República, así como que gracias a nuestra devoción institucional por burocratizar excesivamente sus trámites ¢18.000 millones destinados para mejoras en infraestructura permanecen engavetados en la caja única del Estado, sin devengar intereses, pues las juntas de educación victimas de los lentos trámites de contratación, sólo han podido invertir el 1% de los fondos dados para su administración.

En cuanto a la calidad de la educación de nuestra educación pública, las noticias recibidas en el último tiempo, tampoco parecen ser nada alentadoras, haciendo un somero repaso de algunas de ellas, hemos podido observar cómo pruebas internacionales ratifican el rezago en la educación rural, como nuestros maestros de inglés no manejan adecuadamente este idioma, pese a que el gobierno se fijó como meta para el año 2017 que el 75% de nuestros graduados de bachillerato hablen ingles y lo más preocupante de todo, como la educación de nuestros jóvenes “futuro promisorio” de la nación subsisten al amparo de la chambonada con maestros que enseñan sin tener título y otros que tienen estudios universitarios en otras áreas, representando el 24% de la planilla total de educadores del MEP.

Pese a lo anterior, vale la pena resaltar el esfuerzo de planes pilotos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), Fundación Omar Dengo e Intel en dotar de computadoras portátiles a 10 instituciones publicas, poniéndolas a competir contra colegios como el Lincoln, Británico e Internacional SEK, donde en muchos casos se les exige de forma obligatoria a sus estudiantes incorporar laptops dentro de sus útiles escolares.

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Mucho se ha hablado en nuestro país sobre la modernización del Estado, la agilización de trámites burocráticos, la incorporación de la gestión electrónica en procedimientos administrativos, la descentralización y el fortalecimiento al régimen municipal.

Sin embargo el pasar de las palabras a los hechos, siempre ha sido el más duro escollo en superar en la historia de nuestro país, y en lo referente a materia de Gobierno Digital este no parece haber sido la excepción.

En el último tiempo las criticas a tal iniciativa han sido muchas, desde el grado de seguridad informática, el nivel de calidad en cuanto a la tramitología realizada por la vía virtual, así como que el desarrollo del gobierno digital, parece únicamente concentrarse en mejorar la infraestructura tecnológica del país, contribuyendo así aumentar la brecha digital ya existente.

Resulta innegable y además sería ingrato no reconocer que se han dado importantes avances en esta materia, como la digitalización en trámites de licencias, trámites de pasaportes y los servicios prestados por diferentes entes financieros. Lamentablemente parece obviarse el impacto social que tales políticas pueden ocasionar en nuestra sociedad y a este respecto quisiera profundizar a continuación.

Hace algunos meses en nuestro país viene desarrollándose un proyecto denominado “La Red de Interconectividad Municipal”, dicha política pública llevada acabo de manera conjunta entre diversas instituciones de nuestro país, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea y la asesoría de la Secretaría de Gobierno Digital.

Dicho proyecto busca la integración de 101 instituciones públicas en una sola red privada de conectividad, entre ellas las 81 municipalidades del país. Entre los principales beneficios de tal iniciativa se encuentran sistemas de video conferencias, foros de discusión, aumento en la participación ciudadana, como desarrollo informativo y transaccional en los sitios web de nuestras municipalidades.

Tal iniciativa en el papel parece a toda luz beneficiosa, no obstante analizándola a la luz del Informe 2007 del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, saltan todo tipo carencias desde el gran analfabetismo digital experimentado en nuestro país, donde de una muestra de 194 usuarios de Internet encuestados que nunca han realizado trámites por esta vía, un 39% dice no confiar, un 28% no saber como hacerlos y un 7,7% aduce desconocimiento de la existencia de tales trámites.

Por otra parte en Costa Rica 113390 viviendas del país tienen Internet en el hogar, lo que representa un 9,8% de la totalidad de las viviendas en el país, pero la distribución de tal porcentaje es un 8,7% ubicado en la Región Central del país y tan sólo un 1,1% distribuido en las regiones de planificación restantes.

Vale la pena preguntarse el impacto social de tal política pública en la Región Brunca, donde sólo un 0,1% de las viviendas tienen Internet en el hogar.

Publicado en la Revista Democracia Digital Diario del 23 al 30 de abril del 2008.

Publicado en la República el 02/09/2008.Ver aquí

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