En estos días, los cuales generalmente siempre son los más convulsos y efervescentes de una legislatura, todos se preguntan sobre el futuro de la Alianza por Costa Rica, pero ¿podría la Alianza fracasar en su intento de mantenerse hasta el próximo primero de mayo?, ¿habrá variaciones importantes en cuanto a la fuerza y la persona a suceder al PAC en el control del directorio legislativo?

Es probable que sí, dentro de la Alianza por Costa Rica se respira un aire de desconfianza mutua y traición, tanto entre los partidos que componen tal bloque como a lo interno de cada una de esas agrupaciones.

En el caso del Movimiento Libertario, fuerza a la que le correspondería asumir la Presidencia de la Asamblea Legislativa en una próxima legislatura, llega débil, cuestionada y dividida en su seno por la postura en cuanto la permanencia de su líder Otto Guevara en las filas rojiblancas.

Además se debe sumar también el interés de otros compañeros libertarios, de la fracción del PASE y de Luis Fishman por arrebatarle la Presidencia Legislativa a Danilo Cubero. Todos elementos que minan la continuidad de la Alianza por Costa Rica, donde el gran perdedor sería Danilo Cubero quien podría quedarse sin la Presidencia Legislativa, ni la Jefatura de Fracción.

Por su parte las amenazas del PASE, de abandonar la Alianza sostenidas por el líder de este partido Óscar López, sostenidas a medias por el diputado Granados y desmentidas por el diputado Monestel, sólo demuestran las divisiones a lo interno de esta agrupación. Sin embargo, el reclamo manifestado públicamente de que muchos de sus proyectos no han contando con el respaldo de varios partidos que componen la Alianza por Costa Rica, deja una ventana abierta a una eventual negociación con el PLN.

El PASE a diferencia del ML o el PAC, no está obsesionado con la silla presidencial, así que no debería descartar colaborar con los destinos del gobierno, su ayuda podría ser muy bien recompensada en 2014 con una fracción legislativa más numerosa, lo cual debería ser su objetivo principal.

La Alianza por Costa Rica sin duda no ha significado un cambio positivo para los destinos de la Asamblea Legislativa, donde su discurso ha llegado a tal punto que han hecho del concepto de “control político” su prioridad, desvirtuando no solo la verdadera función del Congreso, sino de paso el valor del verdadero control político.

Afortunadamente leyendo entre líneas declaraciones que han realizado figuras como Óscar López y Ottón Solís (dubitativo desde un inicio de la Alianza), parece que hay partidos igual o hasta más interesados que el PLN, en que este bloque llegue a su final. ¡Los mayores enemigos de la Alianza por Costa Rica se encuentran dentro de ella!

Publicado en La Nación el 20/01/2011. Ver aquí.

En los últimos días, a partir de una serie de cuestionamientos realizados a diversas figuras y fuerzas políticas de nuestro país, diversos analistas, columnistas y medios de comunicación, han manifestado la necesidad de incluir el llamado voto preferente en nuestra legislación electoral.

El voto preferente consiste en permitir que el elector cambie el orden de los candidatos a diputados en las listas que presentan los partidos, provocando que sea la suma de dichas preferencias la que determine el orden final para la adjudicación de escaños. Sus defensores señalan que es más democrático y que garantiza mejores diputados. Ambos argumentos son muy discutibles y no toman en cuenta los enormes peligros que los efectos de esta forma de votar tienen para el sistema político. En términos más coloquiales: el remedio resulta peor que la enfermedad.

En primer lugar, provoca una desarticulación de los partidos políticos, pues a la lucha entre agrupaciones, debe agregarse una batalla a lo interno de cada una de ellas por alcanzar el primer lugar de la lista. Esto sin duda genera desgastes, fricciones entre compañeros y una gran independencia del candidato frente a su agrupación. Estaríamos frente a un verdadero “canibalismo político”, en palabras del Presidente del TSE, don Luis Antonio Sobrado. Al final el diputado considera que ganó a pesar de su partido y por lo tanto no le debe lealtad alguna, lo que conlleva una considerable pérdida de cohesión partidaria.

Esto sin duda tiene un grave impacto sobre el trabajo legislativo diario y especialmente sobre la gobernabilidad. Los gobiernos de turno ya no negociarán con bancadas, sino con un sinnúmero de personalidades independientes, quienes no tendrán temor de separarse de la disciplina partidaria (especialmente necesaria en la fracción de gobierno). El funcionamiento esclerótico de la Asamblea Legislativa se multiplicaría, haciendo prácticamente imposible llegar a acuerdos y tomar decisiones políticas.

El otro gran problema es el encarecimiento de las campañas y el control de las fuentes de financiamiento de cada candidato. Al establecer el voto preferente, ya no son los partidos los que piden el voto, sino es cada candidato a diputado quien solicita el apoyo para alterar la lista, situación que implica necesariamente que cada aspirante debe generar su propia organización, su propia campaña mediática, en fin, su propia maquinaria electoral.

Cada candidato deberá buscar sus propias fuentes de financiamiento para poder competir contra compañeros de partido y aspirantes de otras agrupaciones. ¿De dónde vendrá dicho financiamiento? Una posibilidad es que el Estado garantice a toda persona inscrita en una papeleta recursos económicos, pero la logística de eso sería demencial, el dinero muy poco, y  el costarricense estaría opuesto a aumentar la contribución estatal a las campañas.

Lo anterior implica entonces que el candidato debe buscar recursos privados, con el riesgo de poder ser “comprado” por lo que los estadounidenses llaman los “intereses especiales”, o bien tener financiamiento propio para poder realizar grandes gastos, hecho que nos obligaría a que solo los ricos puedan participar.

Nótese además, que en las pasadas elecciones, solo en la provincia de San José se inscribieron 11 partidos, con papeletas con 20 candidatos cada una. Estamos hablando que únicamente en esta circunscripción electoral, se presentaron 220 candidatos. ¿Cómo se controlan las finanzas de 220 aspirantes a diputados, todos con sus campañas buscando el primer lugar de la lista? ¿Tiene la capacidad el TSE de poder controlar los ingresos monetarios de centenares de candidatos?

La desarticulación de los partidos, el aumento de la ingobernabilidad, los altísimos costos de las campañas y la dificultad para el control del financiamiento, deberían ser razones más que suficientes para enterrar definitivamente el voto preferente. El riesgo de un aumento en la corrupción con la compra de conciencias, o convertir a Costa Rica en una verdadera plutocracia es enorme y debe evitarse.

Publicado en Diario Extra el 20/12/2011. Ver aquí.

En las actas de sus 10 sesiones realizadas hasta el pasado 01/11/11, han quedado plasmadas diversas inquietudes en materia electoral esbozadas por diferentes actores y un malestar general de que el actual código fue elaborado por técnicos y no por políticos, situación que tensa en ocasiones la relación entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones.

El criterio emitido por parte de los asesores que participaron en la elaboración del Código Electoral en la administración anterior en la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, según consta en el acta de la sesión nº 3 del 31/05/2011, reveló la existencia de cierta urgencia mediática y política por dictaminar favorablemente esta normativa, situación que provocó: a) Errores a nivel de técnica legislativa, al incorporar una serie de reglamentos, generando un código excesivamente reglamentista y rígido; b) Un listado de temas pendientes sobre los cuales no existió ambiente para discutir, pero que se estima conveniente retomar en esta oportunidad.

Entre los principales temas pendientes e inquietudes importantes de retomar en esta ocasión, producto de lo citado en el párrafo anterior y de los hallazgos obtenidos hasta la fecha por la comisión especial que investiga el financiamiento del partido movimiento libertario, se encuentran:

• Desarrollo de planes pilotos para el voto en extranjero, digitalización del padrón y urna electoral.

• Instauración de la carrera parlamentaria, la cual enfrenta obstáculos de índole constitucional (artículo 107 de la Constitución Política).

• Establecimiento de plazos al Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que este no pueda resolver cuando le venga en gana, por razones de conveniencia política o procesal, así como la creación de la doble instancia en materia electoral.

• La adopción de un modelo de franjas publicitarias en medios de comunicación administrado por el propio Tribunal Supremo de Elecciones similar a la de otros países, que garantice al menos divulgación mínima de las propuestas de las fuerzas políticas más pequeñas.

• Ejecución parcial de la deuda política y el engorroso proceso de liquidaciones (definición de requisitos, garantías, utilización de los porcentajes no liquidados para educación política u otros fines, entre otros).

• Regulación en materia de coaliciones electorales tanto para las elecciones municipales como nacionales (procesos de inscripción, registro, requisitos y finalización).

• Estudio de nuevos modelos de asignación de escaños o fórmula electoral (Haré puro, Haré puro modificado, D’ Hond) o bien la eliminación del subcociente o barrera electoral propuesto por algunos.

• Reformas a la Ley de Regulación del Referéndum, donde posterior al referendo del Tratado de Libre Comercio de 2007, quedaron manifiestas importante deficiencias en materia de financiamiento, proselitismo, fiscalización, entre otros.

• La doble postulación obligatoria u opcional, para que los candidatos a la Presidencia de la República puedan presentar su nombre tambien como diputados.

• Eliminacion de la antinatural división, que prohíbe a miembros del Poder Ejecutivo participar en actividades partidarias como sucede en otras latitudes.

• Inclusión del voto preferente que consiste en permitir al elector que vote por candidatos individuales en listas cerradas pero no bloqueadas que presenten los partidos políticos.

• Retomar la siempre controversial discusión en materia de financiamiento privado, para que personas jurídicas puedan aportar siempre y cuando se establezcan mayores controles, como exigir una certificación notarial con vista en el registro de accionistas, lo cual no necesariamente implica un sacrificio de la transparencia como lo ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

• Conveniencia o no de continuar con el sistema de los certificados de cesión del derecho eventual a la contribución estatal como mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, el cual el propio Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, ha calificado de perversos y fungir como portillos para la injerencia foránea.

• Mecanismos utilizados por entes bancarios para otorgar los créditos al financiamiento de los partidos políticos, el papel u objetividad de las encuestas como instrumento de medición de riesgos, lo que ocasiona el malestar de algunas fuerzas políticas las cuales reclaman estar sujetas a la “democracia de las encuestas”.

• Mejora de controles o reglas claras, por parte de los partidos políticos para corroborar la solvencia de los contribuyentes en sus campañas y para dirimir cuestionamientos éticos sobre la contratación de empresas familiares con financiamiento privado en este tipo de procesos.

• Fortalecimiento del régimen sancionatorio, faltas y delitos electorales, con el fin de evitar que se infiltren recursos de la intimación de capitales, narcotráfico y el lavado de dinero en el financiamiento de los partidos políticos.

• Creación de una jurisdicción especializada en lo electoral en los Tribunales de Justicia, lo que permitiría sin necesidad de incurrir en una reforma constitucional crear jueces especializados en este tipo de delitos, los cuales requieren de una capacitación especial y sensibilidad particular.

• Recurrente malestar sobre el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, siempre bajo el escrutinio público y con un importante porcentaje de ciudadanos deseosos de reducirlo.

Es momento de someter nuestro actual código electoral bajo examen, de manera reposada y profunda. El debate de algunas de esta larga lista propuestas, contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia, cuando esta registra el apoyo más bajo a la democracia en 16 años, según ha señalado el último estudio de opinión pública Latibarómetro.

Esta particularidad autóctona que desafía los esquemas tradicionales de división de Poderes, sustituye: el sistema de pesos y contrapesos de Montesquieu, la división funcional de Loewenstein y el parlamentarismo acotado de Ackerman, por un pulso entre Poderes. Esto plantea un debate fundamental sobre ¿quién realmente gobierna?

Invasión de Poderes. Hace unos días en este diario (Página Quince, 1/8/10), el Presidente de la Asamblea Legislativa, Don Luis Gerardo Villanueva Monge expresó su desacuerdo con el actuar de la Sala Constitucional, a quien tildó de ejercer una “dictadura de los jueces”, a raíz de un reciente fallo ordenando qué legislar a la Asamblea Legislativa. En adición a la hostilidad existente entre la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, producto de la acogida por parte del primero, de una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de credenciales y un recurso de amparo para determinar el futuro del referendo sobre uniones gais.

El malestar con la Sala Constitucional es compartido por diferentes sectores, principalmente políticos, los cuales sostienen que este órgano se extralimita con frecuencia en sus funciones, por lo cual abogan por reformar a ese monstruo, el cual ellos mismos han creado. Sin embargo, las riñas entre Poderes trascienden esta realidad, en los últimos días hemos visto cómo la vanagloria de una ministra ha generado fuertes roces con el Poder Legislativo, agravando las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, debilitadas desde el inicio de la presente legislatura.

Peligrosas distorsiones. Estas conductas comprensibles en muchos casos y reprochables en otros, entorpecen el adecuado proceder de la gestión gubernamental, distorsionando la división de Poderes, garante de un sano régimen constitucional y condicionan futuros escenarios para la búsqueda de gobernabilidad.

En la medida que cada Poder de la República e inclusive sus órganos auxiliares, entiéndase Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes, tengan claro y bien definida su esfera de acción, dejaremos en gran medida de hablar de sacadas de clavo, represalias y amenazas, entre los Supremos Poderes.

Para de una vez por todas, abordar un debate necesario que a todos concierne, las reformas a muchos de estos órganos, que en ocasiones en lugar de actuar como contrapesos, actúan como verdaderos obstáculos para la urgente toma de decisiones que tanto amerita nuestro país.

Los analistas hasta la fecha han concentrado su atención en comentar sobre la posible configuración de un directorio de oposición y las eventuales repercusiones que esto podría tener en la dinámica legislativa ergo en la gobernabilidad de nuestro país, pero poco en comentar sobre la integración de cada una de las fracciones políticas a partir del próximo 1° de mayo y las variables que podrían afectar el desempeño de cada una de ellas así como al Congreso en general. Veamos:

Únicamente 19 de los 57 diputados recién electos gozan de experiencia legislativa ya sea como ex diputados o ex asesores legislativos, distribuidos de la siguiente manera: PLN 8 (3 ex diputados, 5 ex asesores legislativos); USC (3 ex diputados); ML (3 ex asesores legislativos); PAC y PASE 1 (ex asesor legislativo, quien a la postre se convertirá en su próximo jefe de fracción); RN 1 (ex diputado); RC (ex diputado) y; FA 1 (ex asesor legislativo).

También sólo 19 de nuestros futuros legisladores poseen experiencia municipal, entendiendo esta como el desempeño en cargos de alcaldes, vice alcaldes y regidores: PLN 8 (5 ex alcaldes, 1 ex vice alcaldesa, 2 ex regidores); PAC (6 ex regidores); ML 4 (3 ex alcaldes del PUSC y un ex regidor ML quien será su jefe de fracción); USC (1 ex alcalde,  quien será su jefe de fracción). Así como sólo 5 han ocupado cargos ministeriales previamente: PLN 4 legisladores y en la USC 1 legislador.

Este poder expertiz descrito en los dos párrafos anteriores, será vital en el manejo real de nuestro Congreso, pues este no necesariamente recaerá en las fracciones o personas que configuren el próximo directorio legislativo u ocupen los cargos de jefe y subjefes de fracción ― como generalmente se pensaría ―, sino en las personas que con amplio conocimiento de los procesos sobre toma de decisiones logren construir acuerdos y forjen los adecuados canales de comunicación necesarios entre compañeros de bancada y compañeros de otras fracciones políticas.

El control del directorio legislativo podría ser engañoso, pues podría verse limitado al control administrativo de las instalaciones del Congreso,  comisiones y dirección del peligroso debate legislativo, si bien importante, irrelevante sí su fin es ― como han reseñado otros analistas ― exclusivamente evitar un nuevo triunfo del oficialismo, carentes de una agenda común sin contemplar la responsabilidad a la que la oposición podría estar expuesta desde un inicio y teniendo en cuenta que la suma total de la oposición no logra los 38 votos de la mayoría calificada necesaria para tramitar los proyectos de ley de mayor importancia, presupuestos y reformas constitucionales.

La nueva configuración del Congreso obliga a negociar con todas las fracciones políticas, el sistema político imperante es el multipartidismo, su negación implícita y explícita representa un manejo “bipartidista” impropio por succión de fracciones minoritarias o unipersonales, que debe ser comprendido y asimilado por nuestros legisladores, con el fin de evitar repercusiones devastadoras para nuestra gobernabilidad.

Publicado en Costa Rica Hoy el 05/04/2010.Ver aquí

Publicado en la Nación el 08/04/2010.Ver aquí