El efecto multi-causal que ha ocasionado la presencia de diversos grupos políticos en nuestro congreso, ha obligado a estos a negociar, palabra extraña, ridícula y quizás hasta extravagante, en un congreso que siempre caminó gracias a una mayoría legislativa amplia ó algún pacto político entre los caudillos de la época.

Hoy si bien los partidos políticos continúan siendo liderados por caudillos, el pacto entre ellos cada vez se ha hecho más difícil, ya fuera porque los caudillos se encuentran resolviendo sus problemas legales para abandonar la reforma, impartiendo clases en Miami ó muy ocupados recogiendo basura en pantalón beige, mientras buscan cómo añadir un elemento social a la ideología de su partido que le permita encabezar una coalición en una futura elección presidencial.

Entonces para nadie es un secreto que el desconocimiento de la palabra negociar, ha sido el principal obstáculo en la gobernabilidad de nuestro país, sobre todo en el último tiempo donde hemos tenido que lidiar con el filibusterismo parlamentario del PAC y el berreo de algunos diputados de otras agrupaciones, que se han dado el gusto de chantajear amenazando con no dar su voto para los dos proyectos pendientes de la agenda de implementación del TLC, si no le cumplen su lista infinita de solicitudes o sí las cosas en materia de propiedad intelectual no se hacen a su modo.

Acaso no ven que están poniendo en peligro esta segunda y última oportunidad de acatar el mandato popular que dicen respetar, comprendo que las penas en materia de propiedad intelectual puedan parecer altas, pero lo cierto del caso es que ese proyecto (con las reformas que se necesiten hacerle) hay que aprobarlo para que entre en vigencia el TLC.

Señores del Movimiento Libertario con los tiempos legislativos no se juega, dejemos a un lado las rencillas partidarias, la negociación no siempre tiene que ser un juego de ganar o perder, de ustedes depende que esta pueda ser un juego ganar-ganar, así que porqué mejor no negociar unas cuantas mociones, antes que estropear todo el proceso.

Recuerden con el TLC todos ganamos.

Publicado en la Nación el 05/06/2008. Ver aquí

Oportunidad para enmendar yerros y recuperar aciertos.

Mal de aquellos que no saben distinguir entre la oposición y la construcción. Mal de aquellos que amenazan con no dar su voto, con no permitir que se logre el quórum o con miles de mociones de forma y no de fondo; todo con tal de robar un espacio en la portada de los diarios o de algún medio televisivo.

Mal de aquellos que arremeten contra los diputados de su propio partido, pues los acusan de ser condescendientes con el Gobierno, abandonando su labor de control político. Mal de aquellos que no entienden que la oposición y la construcción no deben contraponerse. Mal de aquellos que no están conscientes de que las decisiones que toman en sus partidos les pueden acarrear un enorme costo político en el futuro.

Mal de aquellos que castigan el sentido común y el respeto a la voluntad popular del pueblo, de una diputada de su propio partido, achacándoselo a la juventud, novatada o inexperiencia. Mal de aquellos que creen que el filibusterismo parlamentario no constituye un irrespeto a nuestro sistema democrático, sino más bien una legítima defensa a los más altos intereses de la patria.

Mal de todos tener diputados que frenan el progreso de nuestro país, que irrespetan la voluntad popular, consumen nuestros recursos –los impuestos–, que no se dignan cerrar la página del referéndum y discutir los temas apremiantes.

Publicado en la Nación el 09/02/2008. Ver aquí

En teoría, la voluntad popular respecto al TLC ya habría sido plasmada en las elecciones del 2006.

El respeto a la voluntad popular es la esencia de la democracia, en la que un pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, mediante el mecanismo conocido como “representación política”, que, si bien puede no ser del todo perfecta, constituye un enorme avance para conducir el cuerpo social.

En esencia. La idea de la representación surge en el momento mismo en que una persona o varias necesitan hacer algo o estar presentes y, ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismas, nombran a otras para que decidan a nombre de ellas.

En términos llanos y en un plano ideal, la representación política no es más que la concesión que realizan los electores, en períodos determinados, a los ciudadanos elegidos por ellos mismos para que decidan, en vez de ellos, en temas que, de una u otra manera, les incumben: por lo general, temas de interés nacional que se discuten con frecuencia en el ámbito legislativo o parlamentario.

Pero ¿qué sucede en un país como el nuestro, en el que la representación política muchas veces visualiza todo lo contrario a lo que en un sentido ideal debería ser, y se convierte, más bien, en una lucha entre elegidos y electores?

Elecciones 2006. Veamos, por ejemplo, en las pasadas elecciones presidenciales de febrero del 2006: los candidatos aspirantes al cargo que se encontraban identificados a plenitud con una posición favorable a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos obtuvieron un mayor número de votos que los candidatos identificados con una posición adversa a la ratificación de dicho acuerdo. Sin embargo, posteriormente se realizó un referéndum para corroborar o determinar la voluntad popular, la cual, en teoría, ya había sido o debió haber sido plasmada en las elecciones del 2006, mediante el mecanismo del sufragio.

Por otra parte, hoy, cerrada ya la página de la elección presidencial y en buena parte la del referéndum –esta última todavía depende de la aprobación de la agenda de implementación–, podemos ver una vez más cómo la deslegitimación que sufre la representación política en nuestro país, aunada a la sed de revancha de algunos grupúsculos ardidos con el resultado obtenido en el anterior referéndum, pretende desembocar en la realización de un nuevo plebiscito.

Legitimidad. ¿Acaso debemos olvidar que en febrero del 2006 votaron un total de 1.662.889 costarricenses y, para ser exactos, 937.138 votaron por los partidos que apoyan la agenda de implementación (PLN, PUSC, ML, RN y UN); y 452.471 personas, por los que se oponen (PAC, FA y PASE)?

En conclusión, la legitimidad real para la votación sobre la agenda de implementación es la siguiente: A favor, 56,3%; en contra, 27,2%.

Entonces, ¿dónde queda nuestro respeto a la voluntad popular, a la representación política y, sobre todo, a nuestro sistema democrático indirecto?

Publicado en la Nación el 17/01/2008. Ver aquí