El menosprecio de la representación.
El respeto a la voluntad popular es la esencia de la democracia, en la que un pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, mediante el mecanismo conocido como “representación política”, que, si bien puede no ser del todo perfecta, constituye un enorme avance para conducir el cuerpo social.
En esencia. La idea de la representación surge en el momento mismo en que una persona o varias necesitan hacer algo o estar presentes y, ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismas, nombran a otras para que decidan a nombre de ellas.
En términos llanos y en un plano ideal, la representación política no es más que la concesión que realizan los electores, en períodos determinados, a los ciudadanos elegidos por ellos mismos para que decidan, en vez de ellos, en temas que, de una u otra manera, les incumben: por lo general, temas de interés nacional que se discuten con frecuencia en el ámbito legislativo o parlamentario.
Pero ¿qué sucede en un país como el nuestro, en el que la representación política muchas veces visualiza todo lo contrario a lo que en un sentido ideal debería ser, y se convierte, más bien, en una lucha entre elegidos y electores?
Elecciones 2006. Veamos, por ejemplo, en las pasadas elecciones presidenciales de febrero del 2006: los candidatos aspirantes al cargo que se encontraban identificados a plenitud con una posición favorable a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos obtuvieron un mayor número de votos que los candidatos identificados con una posición adversa a la ratificación de dicho acuerdo. Sin embargo, posteriormente se realizó un referéndum para corroborar o determinar la voluntad popular, la cual, en teoría, ya había sido o debió haber sido plasmada en las elecciones del 2006, mediante el mecanismo del sufragio.
Por otra parte, hoy, cerrada ya la página de la elección presidencial y en buena parte la del referéndum –esta última todavía depende de la aprobación de la agenda de implementación–, podemos ver una vez más cómo la deslegitimación que sufre la representación política en nuestro país, aunada a la sed de revancha de algunos grupúsculos ardidos con el resultado obtenido en el anterior referéndum, pretende desembocar en la realización de un nuevo plebiscito.
Legitimidad. ¿Acaso debemos olvidar que en febrero del 2006 votaron un total de 1.662.889 costarricenses y, para ser exactos, 937.138 votaron por los partidos que apoyan la agenda de implementación (PLN, PUSC, ML, RN y UN); y 452.471 personas, por los que se oponen (PAC, FA y PASE)?
En conclusión, la legitimidad real para la votación sobre la agenda de implementación es la siguiente: A favor, 56,3%; en contra, 27,2%.
Entonces, ¿dónde queda nuestro respeto a la voluntad popular, a la representación política y, sobre todo, a nuestro sistema democrático indirecto?
Publicado en la Nación el 17/01/2008. Ver aquí
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