Las precandidaturas del PLN.
La última encuesta de CID/Gallup realizada entre el 9 y el 16 de enero, que ha sido publicada en diferentes medios de comunicación de nuestro país, sitúa a lo interno de las preferencias del PLN a los eventuales precandidatos de la siguiente forma: Johnny Araya en primer lugar con un 37%, le sigue José María Figueres con un 22%, Rodrigo Arias 13%, Antonio Álvarez 10% y Juan Diego Castro 8%. Situación que nos lleva a considerar varios elementos.
El retorno del hijo del caudillo. La llegada de Figueres, sin duda generó un importante contrapeso al arismo, que otras figuras o inclusive hasta el propio Gobierno no habían sido capaces de ejercer hasta el momento, acercando a muchos partidarios que se encontraban distantes para beneficio de la estructura liberacionista y ocasionando posiciones divergentes entre figuras relevantes de otros partidos, como Ottón Solís y Alberto Cañas.
Por otra parte, alteró la dinámica a lo interno del liberacionismo, al punto que el escenario a proyectar dentro de unos meses en materia de precandidaturas, dependerá en gran medida de la participación o no, así como el nivel de influencia que pueda tener Figueres en el corto plazo dentro de la estructura liberacionista.
¿Se lanzará Figueres para el 2014? Eso solo el tiempo lo dirá, aunque ha insistido en que no, su caso es similar a lo que acontece en el PAC con Ottón Solís, quienes rejegos en presentar una precandidatura, pudieran verse tentados u obligados ante condiciones particulares como un incremento de su respaldo en las encuestas que motive a las bases de sus partidos a solicitárselo, en algo así como ¡No quiero, no quiero, pero ahí voy!
En caso que Figueres decida no presentar una precandidatura, su papel dentro del PLN podría ser más bien el de un gran elector, quien aunque sin capacidad para decidir individualmente quien debe ser el candidato de su partido, tendría suficiente poder para decidir quién no debe serlo, un poder de veto envidiable, por lo cual todos los precandidatos buscaran la forma de contar con su respaldo, el cual sería determinante.
La existencia a nivel local de grupos “figueristas” interesados en participar en los procesos internos del PLN, podría tener una importante repercusión en la integración de la Asamblea Nacional y Figueres podría asumir el control indirecto de la Asamblea Plenaria gracias a su incidencia en la estructura del partido, como sucedió en 1998 cuando impuso a muchos de sus colaboradores cercanos en la fracción legislativa entrante, por encima inclusive del entonces candidato José Miguel Corrales.
El figuerismo vrs el arismo. La ubicación y el porcentaje obtenido por Araya dentro del PLN en este sondeo, resulta sorpresivo, ya que según lo señalado por algunos analistas quienes indicaban que con la llegada de Figueres todo el antiarismo se aglutinaría detrás de él, en desmedro de las aspiraciones de Araya y Álvarez, no parece ser del todo cierto, pues estas figuras se encuentran en el primer y segundo lugar de preferencia nacional respectivamente, donde la ubicación de los eventuales precandidatos es la siguiente: Johnny Araya 27%, Antonio Álvarez 13%, José María Figueres 12%, Juan Diego Castro 11% y Rodrigo Arias 9%.
Este escenario plantea grandes interrogantes, ya que si bien los críticos del arismo, pudieran argumentar que esto encuentra explicación en que su movimiento ha crecido, parece más bien un indicador que la división tajante y mutuamente excluyente que ha intentado vender cierto sector de la prensa, que todo aquel que no es arista es figuerista, no es correcta y en cambio Araya tiene un capital propio importante, desconocido y nada despreciable.
Los últimos sondeos de opinión reflejan desde hace al menos un año a Johnny Araya como el liberacionista con más opciones a ser el candidato que aspire a la Presidencia, por lo que no resultan “sorpresivos”, lo que es novedoso es la mejora en la imagen de Figueres y su respaldo — especialmente entre liberacionistas donde se ubica de segundo — , por encima de figuras con más tiempo y recursos invertidos como Arias y Álvarez.
El arismo no ha muerto. Contrario a lo que muchos podrían estar pensando debido a resultados poco favorables en los últimos sondeos y los cuestionamientos que ha enfrentado —de los cuales por cierto ha salido eximido de responsabilidad—, desde que anuncio quizás prematuramente y de forma excesivamente honesta su interés en aspirar a la silla presidencial, no se puede descartar la posibilidad que Rodrigo Arias resulte ganador de la candidatura verdiblanca.
El apellido Arias significa para muchos la continuidad del rumbo, que le reclaman a Chinchilla haber perdido, el deseo de retomarlo es un factor que podría jugar a su favor en una estructura a la que mantiene cercana gracias a sus giras y visitas. Sin embargo, su carácter completamente polarizante es una debilidad que no es minúscula, por lo cual tendrá tiempo hasta finales de este año para remontar en los sondeos, de no hacerlo, deberá pensar en lanzar la candidatura de una persona afín a este grupo, como lo intento al inicio de la precampaña liberacionista de 2010 cuando impulsó a Guillermo Zuñiga.
El resto de las precandidaturas. De figuras como Antonio Álvarez u otra que pueda surgir en los próximos meses, tendrá únicamente como fin posicionar su nombre para un futuro y buscar capitalizar su “endorsement” al final de la contienda, para posteriormente reclamar cuotas en un eventual gobierno del PLN de 2014-2018, que pueda permitirles un nombramiento ya sea de su persona o su gente cercana, en puestos como Ministros, Diputados, Embajadores, Presidentes Ejecutivos, entre otros.
Este proceder o derecho de piso que algunos precandidatos aún deben pagar, es más sensato que abandonar las filas liberacionistas y buscar una candidatura de forma individual bajo el alero de otra fuerza política, como se propuso años atrás Álvarez, un costoso error que no termina de pagar, donde todo indica que a lo más que puede aspirar por el momento es una diputación, que pudiera oxigenar nuevamente su carrera política.
Un elemento que llama poderosamente la atención, es el fenómeno de Juan Diego Castro, quien a pesar de no haber formalizado todavía una aspiración aparece en las encuestas, reflejo de una imagen de denuncia a la incapacidad del Estado a los problemas de criminalidad, sobre todo por la incapacidad del Poder Judicial en sentenciar crímenes que parecen evidentes a pesar de la implementación de los juzgados de flagrancia.
Conclusiones finales. Todavía resta mucho camino por recorrer, la carrera hacia la obtención de la candidatura del PLN apenas inicia y esta encuesta de CID/Gallup es apenas una fotografía de un momento particular, donde se encuentra muy reciente la mediatizada visita de José María Figueres, habrá que esperar la publicación de sondeos de otras casas encuestadoras realizados en diferentes momentos para tener más claro el panorama.
Muchas cosas podrían suceder de aquí a unos meses tanto a lo interno como externo del PLN que tenga repercusiones importantes dentro de este proceso. El PLN a su estilo y como es costumbre, en su condición de partido más grande del país, definirá en este proceso no solo su futuro y proceder, sino también el de otras fuerzas que seguirán de cerca para definir su actuar en aras de no permitir un tercer mandato liberacionista.
Predicciones para el primero de mayo.
Posterior al receso de fin de año del segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, inicia la carrera al primero de mayo, donde los partidos políticos mueven sus fichas con el fin de hacerse con el Directorio Legislativo, y así obtener el control administrativo y político de ese Poder de la República.
En estos días, los cuales generalmente siempre son los más convulsos y efervescentes de una legislatura, todos se preguntan sobre el futuro de la Alianza por Costa Rica, pero ¿podría la Alianza fracasar en su intento de mantenerse hasta el próximo primero de mayo?, ¿habrá variaciones importantes en cuanto a la fuerza y la persona a suceder al PAC en el control del directorio legislativo?
Es probable que sí, dentro de la Alianza por Costa Rica se respira un aire de desconfianza mutua y traición, tanto entre los partidos que componen tal bloque como a lo interno de cada una de esas agrupaciones.
En el caso del Movimiento Libertario, fuerza a la que le correspondería asumir la Presidencia de la Asamblea Legislativa en una próxima legislatura, llega débil, cuestionada y dividida en su seno por la postura en cuanto la permanencia de su líder Otto Guevara en las filas rojiblancas.
Además se debe sumar también el interés de otros compañeros libertarios, de la fracción del PASE y de Luis Fishman por arrebatarle la Presidencia Legislativa a Danilo Cubero. Todos elementos que minan la continuidad de la Alianza por Costa Rica, donde el gran perdedor sería Danilo Cubero quien podría quedarse sin la Presidencia Legislativa, ni la Jefatura de Fracción.
Por su parte las amenazas del PASE, de abandonar la Alianza sostenidas por el líder de este partido Óscar López, sostenidas a medias por el diputado Granados y desmentidas por el diputado Monestel, sólo demuestran las divisiones a lo interno de esta agrupación. Sin embargo, el reclamo manifestado públicamente de que muchos de sus proyectos no han contando con el respaldo de varios partidos que componen la Alianza por Costa Rica, deja una ventana abierta a una eventual negociación con el PLN.
El PASE a diferencia del ML o el PAC, no está obsesionado con la silla presidencial, así que no debería descartar colaborar con los destinos del gobierno, su ayuda podría ser muy bien recompensada en 2014 con una fracción legislativa más numerosa, lo cual debería ser su objetivo principal.
La Alianza por Costa Rica sin duda no ha significado un cambio positivo para los destinos de la Asamblea Legislativa, donde su discurso ha llegado a tal punto que han hecho del concepto de “control político” su prioridad, desvirtuando no solo la verdadera función del Congreso, sino de paso el valor del verdadero control político.
Afortunadamente leyendo entre líneas declaraciones que han realizado figuras como Óscar López y Ottón Solís (dubitativo desde un inicio de la Alianza), parece que hay partidos igual o hasta más interesados que el PLN, en que este bloque llegue a su final. ¡Los mayores enemigos de la Alianza por Costa Rica se encuentran dentro de ella!
Publicado en La Nación el 20/01/2011. Ver aquí.
La absurda exclusión de los politólogos.
*Junta Directiva Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
La profesionalización de la diplomacia costarricense y la consolidación de una carrera diplomática en Costa Rica sigue siendo hoy un ideal no materializado. El Estatuto de Servicio Exterior, es una ley anticuada, obsoleta en varias de sus normas, superada por la realidad, especialmente por el crecimiento de la academia y el conocimiento.
En 1965, fecha que data dicho estatuto, se redujo de forma absurda el ingreso al servicio exterior a únicamente tres carreras: Derecho, Economía o Relaciones Internacionales, o en su defecto, a la aprobación de una serie de cursos universitarios que ahí se indican, pero que no todos se imparten en las universidades del país. No existía, en ese entonces la “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, (creada en 1988 con sus posteriores reformas), la cual otorga igualdad de derechos y deberes a los graduados de ambas profesiones, modificando de forma tácita lo establecido en el Estatuto de Servicio Exterior.
Arbitrario cambio. Una interpretación extensiva, integradora de ambas normas (el Estatuto del Servicio Exterior y la Ley de nuestro Colegio Profesional), fue la adoptada plenamente en la Cancillería por más de una década, permitiendo mediante reglamento, la participación en el servicio exterior de los graduados en Ciencias Políticas.
Sin embargo, producto de una nefasta reforma reglamentaria en 2009, se suprimió la participación de los politólogos, debido a que la Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial se negó a recibir la propuesta de reglamento dada por la Cancillería que incluía a los graduados en esta carrera. Dicha oficina, sin integrar la normativa nacional, dejó por fuera a un grupo de profesionales con la mejor preparación, para poder representar con dignidad al país. Lo anterior fue reconocido por el director del Instituto Diplomático, el embajador, Jorge Sáenz Carbonell.
Exonerar de toda responsabilidad a la Cancillería resultaría injusto, a sabiendas de que en el pasado la propia Comisión Calificadora del Servicio Exterior (órgano encargado de organizar los concursos de oposición), mediante interpretación permitió a todos los agremiados al Colegio de Ciencias Económicas participar como aspirantes a dichos concursos, no solo a los graduados en Economía, según se desprende del acta 79 del 30 de octubre de 2009 de esta comisión, en su artículo 3. Dicha interpretación no le fue dada a los miembros del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Es fácil de entender para cualquiera, menos para la Cancillería y la Oficina de Leyes y Decretos de Presidencia, que los politólogos tienen el conocimiento, las aptitudes y el respaldo legal para ser parte de la carrera diplomática.
Mayúscula injusticia. Negar la posibilidad de participación en los concursos de oposición a personas que no cuenten con títulos universitarios en Derecho, Economía o Relaciones Internacionales es claramente irrazonable, desproporcionado, como contrario al sentido común y representa ignorar el avance del conocimiento que ha tenido el mundo en las últimas décadas, con la creación de nuevas disciplinas que puedan hacerle frente perfectamente a la labor del funcionario en el Servicio Exterior. En este caso en particular a los politólogos, quienes por formación académica comparten muchísimo con los internacionalistas, al punto de que ambos campos del conocimiento se encuentran en nuestra legislación comprendidos en un mismo colegio profesional.
En defensa de nuestros agremiados y ante la negativa persistente de la Cancillería, especialmente de la Comisión Calificadora, por buscar una solución al tema, la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ha decidido emprender una serie de acciones legales (solicitud de medidas cautelares, recurso contencioso administrativo y acción de inconstitucionalidad) con el fin de restablecer a los graduados en Ciencias Políticas, el derecho que tienen de ingresar al Servicio Exterior.
Esperamos que en momentos cuando dos de los Poderes de la República se encuentran presididos por politólogos, se pueda generar la sensibilidad para encontrar soluciones alternativas en la vía judicial, reconocerle a nuestra profesión el valor que tiene y abrir nuevamente el espacio para que se pueda tener acceso al servicio exterior, en aras de una verdadera profesionalización del cuerpo diplomático de nuestro país.
*Walter Gutiérrez Carmona, Rocío Barrientos Solano, Kattia Benavides Morales, Edel Reales Noboa, Daniel Calvo Sánchez, Irene Rodríguez Mena, Patricia Benavides González, Francisco Rodríguez Araya.
Publicado en Diario Extra el 13/12/2011. Ver aquí.
Los peligros del voto preferente.
Por: Daniel Calvo Sánchez y Federico Ruiz Wilson. / Politólogos.
En los últimos días, a partir de una serie de cuestionamientos realizados a diversas figuras y fuerzas políticas de nuestro país, diversos analistas, columnistas y medios de comunicación, han manifestado la necesidad de incluir el llamado voto preferente en nuestra legislación electoral.
El voto preferente consiste en permitir que el elector cambie el orden de los candidatos a diputados en las listas que presentan los partidos, provocando que sea la suma de dichas preferencias la que determine el orden final para la adjudicación de escaños. Sus defensores señalan que es más democrático y que garantiza mejores diputados. Ambos argumentos son muy discutibles y no toman en cuenta los enormes peligros que los efectos de esta forma de votar tienen para el sistema político. En términos más coloquiales: el remedio resulta peor que la enfermedad.
En primer lugar, provoca una desarticulación de los partidos políticos, pues a la lucha entre agrupaciones, debe agregarse una batalla a lo interno de cada una de ellas por alcanzar el primer lugar de la lista. Esto sin duda genera desgastes, fricciones entre compañeros y una gran independencia del candidato frente a su agrupación. Estaríamos frente a un verdadero “canibalismo político”, en palabras del Presidente del TSE, don Luis Antonio Sobrado. Al final el diputado considera que ganó a pesar de su partido y por lo tanto no le debe lealtad alguna, lo que conlleva una considerable pérdida de cohesión partidaria.
Esto sin duda tiene un grave impacto sobre el trabajo legislativo diario y especialmente sobre la gobernabilidad. Los gobiernos de turno ya no negociarán con bancadas, sino con un sinnúmero de personalidades independientes, quienes no tendrán temor de separarse de la disciplina partidaria (especialmente necesaria en la fracción de gobierno). El funcionamiento esclerótico de la Asamblea Legislativa se multiplicaría, haciendo prácticamente imposible llegar a acuerdos y tomar decisiones políticas.
El otro gran problema es el encarecimiento de las campañas y el control de las fuentes de financiamiento de cada candidato. Al establecer el voto preferente, ya no son los partidos los que piden el voto, sino es cada candidato a diputado quien solicita el apoyo para alterar la lista, situación que implica necesariamente que cada aspirante debe generar su propia organización, su propia campaña mediática, en fin, su propia maquinaria electoral.
Cada candidato deberá buscar sus propias fuentes de financiamiento para poder competir contra compañeros de partido y aspirantes de otras agrupaciones. ¿De dónde vendrá dicho financiamiento? Una posibilidad es que el Estado garantice a toda persona inscrita en una papeleta recursos económicos, pero la logística de eso sería demencial, el dinero muy poco, y el costarricense estaría opuesto a aumentar la contribución estatal a las campañas.
Lo anterior implica entonces que el candidato debe buscar recursos privados, con el riesgo de poder ser “comprado” por lo que los estadounidenses llaman los “intereses especiales”, o bien tener financiamiento propio para poder realizar grandes gastos, hecho que nos obligaría a que solo los ricos puedan participar.
Nótese además, que en las pasadas elecciones, solo en la provincia de San José se inscribieron 11 partidos, con papeletas con 20 candidatos cada una. Estamos hablando que únicamente en esta circunscripción electoral, se presentaron 220 candidatos. ¿Cómo se controlan las finanzas de 220 aspirantes a diputados, todos con sus campañas buscando el primer lugar de la lista? ¿Tiene la capacidad el TSE de poder controlar los ingresos monetarios de centenares de candidatos?
La desarticulación de los partidos, el aumento de la ingobernabilidad, los altísimos costos de las campañas y la dificultad para el control del financiamiento, deberían ser razones más que suficientes para enterrar definitivamente el voto preferente. El riesgo de un aumento en la corrupción con la compra de conciencias, o convertir a Costa Rica en una verdadera plutocracia es enorme y debe evitarse.
Publicado en Diario Extra el 20/12/2011. Ver aquí.
Reformas electorales a examen.
A más de dos años de la promulgación del nuevo código electoral y tras la experiencia de dos procesos electorales bajo esta legislación (elecciones nacionales y municipales de 2010). La Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos ha incrementado su actividad en las últimas semanas, con el mandato de mejorar el actual código electoral.
En las actas de sus 10 sesiones realizadas hasta el pasado 01/11/11, han quedado plasmadas diversas inquietudes en materia electoral esbozadas por diferentes actores y un malestar general de que el actual código fue elaborado por técnicos y no por políticos, situación que tensa en ocasiones la relación entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones.
El criterio emitido por parte de los asesores que participaron en la elaboración del Código Electoral en la administración anterior en la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, según consta en el acta de la sesión nº 3 del 31/05/2011, reveló la existencia de cierta urgencia mediática y política por dictaminar favorablemente esta normativa, situación que provocó: a) Errores a nivel de técnica legislativa, al incorporar una serie de reglamentos, generando un código excesivamente reglamentista y rígido; b) Un listado de temas pendientes sobre los cuales no existió ambiente para discutir, pero que se estima conveniente retomar en esta oportunidad.
Entre los principales temas pendientes e inquietudes importantes de retomar en esta ocasión, producto de lo citado en el párrafo anterior y de los hallazgos obtenidos hasta la fecha por la comisión especial que investiga el financiamiento del partido movimiento libertario, se encuentran:
-
Desarrollo de planes pilotos para el voto en extranjero, digitalización del padrón y urna electoral.
-
Instauración de la carrera parlamentaria, la cual enfrenta obstáculos de índole constitucional (artículo 107 de la Constitución Política).
-
Establecimiento de plazos al Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que este no pueda resolver cuando le venga en gana, por razones de conveniencia política o procesal, así como la creación de la doble instancia en materia electoral.
-
La adopción de un modelo de franjas publicitarias en medios de comunicación administrado por el propio Tribunal Supremo de Elecciones similar a la de otros países, que garantice al menos divulgación mínima de las propuestas de las fuerzas políticas más pequeñas.
-
Ejecución parcial de la deuda política y el engorroso proceso de liquidaciones (definición de requisitos, garantías, utilización de los porcentajes no liquidados para educación política u otros fines, entre otros).
-
Regulación en materia de coaliciones electorales tanto para las elecciones municipales como nacionales (procesos de inscripción, registro, requisitos y finalización).
-
Estudio de nuevos modelos de asignación de escaños o fórmula electoral (Haré puro, Haré puro modificado, D’ Hond) o bien la eliminación del subcociente o barrera electoral propuesto por algunos.
-
Reformas a la Ley de Regulación del Referéndum, donde posterior al referendo del Tratado de Libre Comercio de 2007, quedaron manifiestas importante deficiencias en materia de financiamiento, proselitismo, fiscalización, entre otros.
-
La doble postulación obligatoria u opcional, para que los candidatos a la Presidencia de la República puedan presentar su nombre tambien como diputados.
-
Eliminacion de la antinatural división, que prohíbe a miembros del Poder Ejecutivo participar en actividades partidarias como sucede en otras latitudes.
-
Inclusión del voto preferente que consiste en permitir al elector que vote por candidatos individuales en listas cerradas pero no bloqueadas que presenten los partidos políticos.
-
Retomar la siempre controversial discusión en materia de financiamiento privado, para que personas jurídicas puedan aportar siempre y cuando se establezcan mayores controles, como exigir una certificación notarial con vista en el registro de accionistas, lo cual no necesariamente implica un sacrificio de la transparencia como lo ha señalado el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.
-
Conveniencia o no de continuar con el sistema de los certificados de cesión del derecho eventual a la contribución estatal como mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, el cual el propio Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, ha calificado de perversos y fungir como portillos para la injerencia foránea.
-
Mecanismos utilizados por entes bancarios para otorgar los créditos al financiamiento de los partidos políticos, el papel u objetividad de las encuestas como instrumento de medición de riesgos, lo que ocasiona el malestar de algunas fuerzas políticas las cuales reclaman estar sujetas a la “democracia de las encuestas”.
-
Mejora de controles o reglas claras, por parte de los partidos políticos para corroborar la solvencia de los contribuyentes en sus campañas y para dirimir cuestionamientos éticos sobre la contratación de empresas familiares con financiamiento privado en este tipo de procesos.
-
Fortalecimiento del régimen sancionatorio, faltas y delitos electorales, con el fin de evitar que se infiltren recursos de la intimación de capitales, narcotráfico y el lavado de dinero en el financiamiento de los partidos políticos.
-
Creación de una jurisdicción especializada en lo electoral en los Tribunales de Justicia, lo que permitiría sin necesidad de incurrir en una reforma constitucional crear jueces especializados en este tipo de delitos, los cuales requieren de una capacitación especial y sensibilidad particular.
-
Recurrente malestar sobre el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, siempre bajo el escrutinio público y con un importante porcentaje de ciudadanos deseosos de reducirlo.
Es momento de someter nuestro actual código electoral bajo examen, de manera reposada y profunda. El debate de algunas de esta larga lista propuestas, contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia, cuando esta registra el apoyo más bajo a la democracia en 16 años, según ha señalado el último estudio de opinión pública Latibarómetro.
